La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos),
propiedad de la sociedad Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%), cuyo
futuro se ha de decidir en las próximas semanas, se puso en marcha en
marzo de 1971 y desde entonces se ha convertido en todo un referente
industrial para su zona de influencia.
En concreto, esta planta de generación de electricidad,
que cuenta con una potencia instalada de 466 megavatios (MW), da empleo
directo a más de 600 personas e indirecto a otras 400 -el 95% procede
de los municipios de la zona- cuyo grado de formación y capacitación
profesional es muy elevado. Unas 50 empresas colaboran de forma
continua con la central.
Asimismo, el impacto económico y social directo de esta
instalación en su área de influencia por el concepto de compras,
contrataciones, generación de empleo, tasas e impuestos ronda los 30
millones de euros al año. En el periodo 1999-2008 fue de 295 millones,
correspondiendo sólo al año pasado 36 milllones.
Luz para 250.000 familias
Además, cabe destacar que Garoña produjo el año pasado
4.021 millones de kilovatios hora que equivalen, por ejemplo, a las
necesidades eléctricas anuales de unas 250.000 familias, al 28% del
consumo de la comunidad de Castilla y León el pasado año o el 13% de la
generación eólica en España. Dicha producción evitó la emisión a la
atmósfera de 2,5 millones de toneladas de CO2 y la importación de,
aproximadamente, un millón de toneladas equivalente de petróleo, según
fuentes de Nuclenor.
Todas estas cifras, nada desdeñables sobre todo en el
actual contexto de crisis económica y financiera sin precedentes, y más
acuciante aún en España, el país desarrollado más alejado, por otra
parte, de los objetivos medioambientales fijados en el Protocolo de
Kioto, son las que se van a poner en juego en los próximos dos meses.
En concreto, el Gobierno tiene de plazo hasta el 5 de
julio para decidir si prorroga o no la vida útil de esta planta nuclear
por otros 10 años, siguiendo la tendencia de países como Estados Unidos
y Japón, algo para lo que Garoña se ha venido preparando a lo largo de
la última década. Nuclenor ha invertido más de 150 millones de euros en
ese periodo para modernizar las instalaciones -la inversión ascendió a
19,7 millones sólo el año pasado- y prevé invertir 50 millones más en
el periodo 2008-2011.
Teniendo en cuenta las declaraciones efectuadas
reiteradamente por el Ministro de Industria en los últimos meses, la
decisión se basará en el pertinente dictamen técnico del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), que podría estar listo para primeros de junio.
A lo largo de 2008 el CSN realizó 14 inspecciones
multidisciplinares a la central de Garoña, que se sumaron a la
supervisión diaria realizada por los residentes y al seguimiento de la
misma a través del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales
(SISC). Los positivos resultados de estas tareas ratificaron el
correcto funcionamiento de la instalación.
«Un buen ejemplo»
Asimismo, los expertos del Organismo Internacional de la
Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas, que llevaron a cabo el
año pasado el «follow up» de la Misión Prosper (desarrollada en Garoña
en 2005) concluyeron, tras comprobar las actuaciones llevadas a cabo
por Nuclenor, que esta planta «es un buen ejemplo para todas aquellas
que quieran mejorar».
«Mensaje negativo»
Sobre este asunto, el consejero delegado de Endesa,
Rafael Miranda, ha dicho recientemente que «si se cierra Garoña, aunque
sea una central pequeña de sólo 466 MW, la señal que se manda a las
empresas que tienen intereses en energía nuclear es negativísima,
porque se debe seguir invirtiendo en estas centrales que todavía quedan
y, por supuesto, nadie quiere invertir a futuro en aquello que cree que
se le va a cerrar en poco tiempo».